La justicia de EE.UU. permite a los inversores de Credit Suisse acceder a pruebas internas: comienza el verdadero juicio por los bonos AT1
La causa legal por el colapso de Credit Suisse ha entrado en una fase decisiva. Un tribunal federal de Estados Unidos ha autorizado a los inversores que perdieron todo con los polémicos bonos AT1 —unos 16.000 millones de francos suizos evaporados— a acceder al corazón documental del caso.
Esto no es un trámite menor. Por primera vez, los demandantes podrán escudriñar los correos internos, informes de riesgo y comunicaciones privadas del banco. Todo aquello que hasta ahora era inaccesible podría, si sus sospechas se confirman, desmontar por completo el relato oficial de los hechos.
Una demanda que apunta alto
Fue en octubre de 2023 cuando Core Capital Partners Ltd., una firma institucional de peso, presentó una demanda colectiva en Nueva York. Su tesis es clara: mientras el banco se desmoronaba por dentro, se ofrecía al público una imagen tranquilizadora.
Según alegan, Credit Suisse repetía que los retiros de clientes se habían estabilizado, que no había problemas de liquidez. Pero detrás de escena, afirman, el dinero se esfumaba y los sistemas de control estaban en ruinas.
Y entonces llegó el fin de semana de marzo de 2023. Las autoridades suizas orquestaron una fusión de urgencia con UBS. En ese contexto, se activó una cláusula que permitía reducir a cero el valor de los bonos AT1. Literalmente desaparecieron. Core Capital sostiene que no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una cadena de engaños.
Los ejecutivos más altos del banco no han quedado fuera de esta historia. La demanda menciona con nombres y apellidos al presidente Axel Lehmann, al director general Ulrich Körner y al director financiero Dixit Joshi.
Pruebas sí, excusas no
El pasado 7 de julio, la jueza Colleen McMahon se negó a desestimar las principales reclamaciones. Más aún: autorizó formalmente el inicio de la fase de presentación de pruebas. Es un paso de enorme importancia, pues abre la puerta a convocar testigos, revisar memorandos y revelar correos que podrían cambiar por completo el caso.
Estos son los próximos plazos establecidos por el tribunal:
• 22 de agosto de 2025: fecha límite para finalizar la fase probatoria
• 19 de septiembre: presentación para certificar la demanda colectiva
• 10 de octubre: entrega de escritos de oposición
• 24 de octubre: respuestas definitivas
En términos sencillos, Core Capital puede desde ahora empezar a armar el caso desde adentro, accediendo a los documentos más sensibles.
Una vía separada para los tenedores de bonos AT1
Además, la jueza reconoció oficialmente a los tenedores de bonos AT1 como un grupo legal distinto. Aunque otro inversor, Ali Diabat, había presentado antes una acción colectiva general, su equipo decidió no representar a los poseedores de estos bonos en particular. Entonces intervino Core Capital.
Ahora tienen vía libre para llevar adelante su propio proceso. No estarán incluidos en la causa de Diabat. Es su oportunidad de reclamar justicia, después de haber sido dejados de lado.
Lo que está en juego va más allá de Suiza
El desenlace de este litigio podría sacudir los cimientos de todo el sistema bancario europeo. Los bonos AT1, también conocidos como CoCos, se han convertido en un instrumento habitual de financiación para los bancos. Prometen mayor rentabilidad, pero conllevan riesgos extraordinarios: si las cosas van mal, pueden convertirse en acciones o directamente esfumarse.
El argumento clave aquí es otro. No se cuestiona tanto el producto en sí, sino la forma en que fue comercializado. Si Core Capital logra demostrar que hubo ocultamiento de información relevante, el caso podría sentar un precedente jurídico de gran alcance.
¿Y ahora qué?
Los próximos meses serán determinantes. Si los documentos internos revelan que la cúpula del banco sabía más de lo que decía en público, el escenario podría cambiar radicalmente.
Además, si se aprueba la certificación colectiva, no solo Core Capital podrá litigar, sino que cualquier afectado por los bonos AT1 podrá sumarse al reclamo.
Lo que empezó como una discusión técnica sobre cláusulas bancarias podría terminar como un examen público sobre la ética corporativa en tiempos de crisis.
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